Justicia

Creo que son muchas ya las personas que me habrán oído decir que el 'acceso a la justicia está para aquél que pueda pagarla'. Es muy difícil que un pobre pueda acceder a la justicia. La pobreza priva al pobre de capital social, capital cultural y capital económico.

El capital social lo representa esa red de contactos que nos provee nuestro tejido social, nuestro entorno de amigos y conocidos. Esa red de contactos nos permiten acceder a información que posibilita saber donde y como presentar nuestros alegatos. Provee información valiosa sobre a qué instituciones acudir y los términos en los que se reclama la justicia. Es casi imposible que un pobre cuente con un tejido social de apoyo. Son muy pocos los casos donde una ONG o una institución altruista se encarga de suplir esa carencia inherente a una persona de escasos recursos.

El capital cultural está muy ligado al grado de educación que haya alcanzado el individuo. Mejores niveles de educación permiten que aquellos que solicitan justicia puedan expresar adecuadamente sus casos, ya sea de forma oral o escrita. Existe una correlación directa entre pobreza y educación. Mayores niveles de pobreza se corresponden directamente con grandes carencias de educación formal. Con poca o ninguna educación resulta casi imposible que un individuo presente su caso ante la justicia. Y con ello estos ciudadanos se ven privados de los beneficios que si obtienen aquellos que tienen mayores niveles de educación.

Por último el capital económico es el factor más determinante. La mayor parte de las veces el acceso a la justicia requiere de pagar los servicios de profesionales del derecho. Aunque los honorarios legales no sean excesivos, un individuo con altos niveles de pobreza tendrá muy difícil, por no decir imposible, el acceso a la justicia.

Una sociedad democrática e igualitaria debe imponerse el reto de hacer de la justicia asequible para todos sus ciudadanos. Incluyendo a aquellos que la vida les puso en una situación de pobreza.